Investigación encargada por el Gobierno a la Universidad Adolfo Ibáñez dice que un modelo mixto con propiedad privada mayoritaria, tendría ventajas respecto de otras alternativas."Los antecedentes presentados indican que en condiciones normales esperadas, un modelo mixto con propiedad privada mayoritaria o al menos con operación privada, tendría ventajas respecto de las restantes alternativas, pues permitiría afrontar de mejor manera los riesgos asociados al inicio de una industria nuclear de potencia, en un país que no tiene experiencia al respecto".
Esta es una de las principales conclusiones del estudio encargado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) a la Universidad Adolfo Ibáñez sobre los roles del Estado y del Sector Privado en la Generación Núcleo-eléctrica.
La investigación, en el marco de un seminario sobre el tema, contó con la presencia del ministro de Energía, Marcelo Tokman, quien dijo que el estudio servirá como antecedente en la eventualidad de que se emprenda el desarrollo nuclear en el país.
"Además su flexibilidad (propiedad mixta) le permitiría ir modificándose a medida que la industria evoluciona, previéndose un papel más intenso del Estado en las fases iníciales y el predominio del sector privado en las fases posteriores, incluyendo una eventual privatización plena", sostiene el informe.
El estudio indica que es ventajoso incorporar participación privada en una fase temprana del desarrollo nuclear, de manera que estos puedan involucrarse en las principales decisiones estratégicas, técnicas y económicas.
El modelo mixto además "permite alcanzar elevados niveles de seguridad nuclear y protección radiológica, pues compatibiliza una operación eficiente y desburocratizada, propio de empresas privadas, con un control estatal que evite reducciones inconvenientes en los gastos en materia de seguridad. Otorga una elevada confiabilidad en el suministro de energía eléctrica, cercana a la de una empresa privada y muy superior a una empresa estatal, que no tendría mayor experiencia en la materia", añade el estudio.
"Tiene ventajas en los aspectos económicos, pues reúne los criterios comerciales de una empresa privada, con el acceso preferencial al financiamiento derivada del respaldo del Estado. Da garantías de una adecuada aceptación en el contexto internacional. Permite un adecuado manejo de los residuos, compatibilizando los criterios de eficiencia, con la visión de largo plazo requerida por el Estado. Resuelve los problemas de aceptación pública de una iniciativa puramente privado, aunque no alcance los niveles de un proyecto estatal. Tiene una alta probabilidad de que el proyecto pueda ser concluido en forma oportuna, por el respaldo político y administrativo derivado de la presencia del Estado como socio del proyecto, aunque los riesgos económicos lo ponen en desventaja frente a un modelo estatal", concluye.
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